El Poder Judicial en México atraviesa un momento crítico, enfrentando propuestas de reforma que dividen opiniones y generan debates intensos. Este escenario nos lleva recordar el propósito del tercer poder de gobierno: ser un bastión de justicia imparcial para todos los ciudadanos y nunca un instrumento al servicio de quienes tienen los recursos para influir en sus decisiones.
Hoy, quienes apuestan por la reforma, critican la existencia de privilegios y nepotismo, el abuso de poder y hasta actos inconstitucionales en aras de defender los propios privilegios económicos y de autoridad. Lo extraño es que las acusaciones son comprobables y, sin embargo, los detractores de la reforma esgrimen los mismos postulados, proyectándolos en el futuro.
La justicia actual ni es ciega ni es expedita, pero llega pronto y en sábado para quienes pueden pagarla, como narcotraficantes o exgobernantes, tal cual ha ocurrido en el último mes, convirtiendo a La Suprema Corte en antagonista del Ejecutivo, del Legislativo y de los ciudadanos de a pie que enfrentamos la inseguridad.
Lo anterior no implica la búsqueda de un Poder Judicial sujeto, ahora, a otras influencias. Lo deseable es la autonomía, necesaria y suficiente, para servir a todos los mexicanos desinteresadamente, sin apegos a privilegios individuales ni erigiéndose en una oposición iracunda que nada aporta.
Como ocurre con el llamado al paro bajo el pretexto del menoscabo de los derechos laborales de mandos intermedios y bajos, que no serán tocados según indica la propuesta de reforma. Es verdad que existe el derecho a la huelga, pero en caso del órgano encargado de administrar la justicia, ya debería haberse puesto en marcha la figura de la requisa, porque los ciudadanos no merecen que los procesos judiciales se interrumpan.
La médula de la problemática radica en la división social y política. La minoría que detenta la parte más importante de los recursos económicos teme que el cambio implique una mudanza de favores y privilegios. Imagina un sistema conformado por iletrados, tal como considera a la mayoría que cree en la próxima presidenta; visualiza a la corte al servicio del gobierno en lugar de ser emisaria del empresariado; se rehúsa a la votación popular porque prefiere no dar más poder al electorado que consiguió una mayoría calificada en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, la minoría temerosa olvida que en la actualidad los jueces los eligen el presidente y las cámaras según sus intereses, lo mismo que ocurrirá cuando en lugar de seleccionar un nombre, propongan una terna para que los votantes tengan la última decisión.
Todos deberíamos recordar que el crecimiento lo genera la industria del sector privado y la inversión gubernamental, mientras que el desarrollo lo determina la mejor distribución del ingreso proveniente del gasto público dirigido, de un salario mínimo correcto y de una justicia equitativa.
"La libertad requiere igualdad"
@susanademurga
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