La inseguridad en México: Cuestión de orden y valoración

Hoy en día, en este país, como en muchos otros, estos tres derechos no son respetados porque la vida vale muy poco en las calles, porque la libertad está condicionada por los grupos de autoridad ilegales que establecen derechos de piso y extorsiones en sus comunidades.

En todo esquema de pensamiento hay orden y valoración. En el actuar racional se ha superado el instinto y se utiliza una estrategia que jerarquiza las acciones a seguir. Esto aplica tanto a nivel individual como a nivel gobierno.

Concentrándose en las funciones del Estado, cualquier servidor público por lógica elemental debería tener claro el orden de las necesidades de la población. En caso de que la lógica se vea distorsionada por instintos particulares y contrarios al bien común, existe la Declaración de los Derechos Humanos que, tras establecer la igualdad entre todos los hombres, en su artículo tercero determina el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona.

La inseguridad en México: Cuestión de orden y valoración

La seguridad, principal obligación del Estado, no está siendo provista como debería. Sin seguridad se ponen en riesgo hasta los derechos al empleo, a la alimentación, a un hogar y a la educación. ¿En qué momento el combate al narcotráfico se volvió prioridad y desplazó, en la jerarquía de valores, a la vida misma? Las leyes son medios de control que buscan la sana convivencia, si una ley causa exactamente lo contrario está rebasada, es absurda. Criminalizar el consumo de drogas es alterar el orden de los valores pues en primer término el Estado debe proveer seguridad a la ciudadanía.

En un ambiente seguro, el ciudadano adulto puede elegir injerir sustancias tóxicas y adictivas siempre y cuando no atente contra los demás. La violencia es siempre indeseable y todo aquello que la genere debe ser evitado. Qué ocurre entonces con los esquemas de pensamiento de los gobernantes, se preguntan quienes han perdido familiares a manos del crimen organizado o del ejército, quienes llevan meses en el desempleo, quienes enfrentan los paros de maestros y electricistas mientras el gobierno festeja las reformas legales que no se traducen en beneficios palpables para la población. Ocurre que se priorizan intereses que no entran en la ecuación del buen gobierno ni en la Declaración de los Derechos Humanos. Se da prioridad a influencias externas, a cotos de poder, a intenciones de lucro que agravan la desigualdad y la existencia de un precio sobre la vida y sobre la libertad. Al final todo es cuestión de orden y valoración. Es entendible que los delincuentes tengan un orden alterado de valores pero no es comprensible que la jerarquía del Estado se aleje de la de la mayoría de la población, de la de su electorado.